Según el artículo 25 de la Ley 9/1983, el Defensor del Pueblo Andaluz puede ejercitar la acción de responsabilidad contra autoridades, funcionarios y personal al servicio de la Administración Autonómica:

Explicación

El artículo 25 permite al Defensor, «de oficio, ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y personas al servicio de la Administración Autonómica, sin que, en ningún caso, sea necesaria la previa reclamación por escrito». No necesita reclamación del afectado ni autorización parlamentaria, y no actúa por medio del Ministerio Fiscal, al que se dirige cuando conoce hechos presumiblemente delictivos (art. 24).

Referencia: Ley 9/1983, de 1 de diciembre, art. 25